TERRORISMO EN LA ARAUCANÍA
El señor Michael Benedict Emmerson, nacido el 30 de agosto de 1963 (62 años cumplidos), es un reconocido y destacado abogado británico, especializado en derecho internacional público, derechos humanos y derecho humanitario; además en derecho penal internacional.
Ben Emmerson, como es conocido este abogado, entre los años 2011 y 2017, fue Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Lucha contra el Terrorismo. Posteriormente Emmerson se desempeñó como Asesor Especial del Fiscal de la Corte Penal Internacional y Asesor Especial de la Sala de Apelaciones de las ECCC (el Tribunal para los Jemeres Rojos en Camboya, respaldado por las Naciones Unidas).
Al día de hoy, Ben Emmerson es juez de la Sala de Apelaciones del Mecanismo de las Naciones Unidas para los Tribunales Penales Internacionales, así como miembro de los Tribunales Penales para la ex Yugoslavia y Ruanda.
Corría el año 2013 y el presidente de Chile Sebastián Piñera Echenique (durante su primer gobierno), invitó oficialmente a Ben Emmerson, en su cargo de relator especial de las Naciones Unidas, para que hiciera una investigación de lo que pasaba en Chile, específicamente en el territorio del wallmapu, en La Araucanía chilena.
Después y poco más de un mes y concluida su investigación, el relator especial emitió un detallado informe que determinó que - en el territorio de la araucanía - NO EXISTE TERRORISMO, además concluyó que EN CHILE NO HAY TERRORISTAS y, lo que él recomendó fue "suspender de manera inmediata el uso de la Ley Antiterrorista contra los activistas de las reivindicaciones del pueblo mapuche", así como la revisión de las condenas y procesos que afectan a las personas juzgadas por ese cuerpo legal.
Sin embargo el estado chileno, encabezado por el poder ejecutivo (presidente de la República), hizo caso omiso de las recomendaciones del destacado y experimentado asesor internacional de la ONU; además continuó con los procesos judiciales en contra de los activistas mapuche, aplicando para esto la ley antiterrorista.
Concluido el gobierno del presidente Piñera y asumidos posteriormente los gobiernos de la presidenta Michelle Bachelet, el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera y el actual gobierno del presidente Gabriel Boric, se ha mantenido la tesis que considera que en La Araucanía se comete acción terrorista por determinados grupos de resistencia mapuche, aplicándose con ello la ley antiterrorista.
El tema es complejo. Lamentablemente la fuerte presión de una minoría reducida y privilegiada que ejerce el poder político y económico chileno, apoyada por una fuerte manipulación mediática de medios de comunicación controlados por este grupo, han presionado al Estado chileno para mantener la aplicación de la ley antiterrorista en el Wallmapu.
En el proceso eleccionario de autoridades, tanto presidencial como parlamentarias, que se vive actualmente en Chile, el tema del terrorismo y la aplicación de la ley antiterrorista en la araucanía son temas recurrentes para los candidatos.
La actual candidata a senadora por La Araucanía, la académica lingüista mapuche, doctora en humanidades y activista por los derechos indígenas, Elisa Loncon Antileo, manifestó a los medios:
— "Yo sostengo y vuelvo a afirmar que no existe terrorismo en la región, no es porque yo sea tozuda, sino porque me estoy apoyando en los procesos jurídicos, lo que han determinado los jueces respecto a los fenómenos, pero también los expertos".
La afirmación realizada en una entrevista al medio "El Ciudadano", el pasado viernes 29 de agosto, está recién generando polémica entre los detractores y firmes defensores de la aplicación de la ley antiterrorista en La Araucanía.
Cabe señalar que - en los últimos 25 años - la justicia chilena ha realizado decenas de investigaciones abiertas bajo la figura de la ley antiterrorista y muchas de estas investigaciones terminaron clasificadas como delitos comunes, debido a las decisiones judiciales reiteradas y uniformadas a la resolución de casos no previstos por las leyes de manera clara y precisa. En cierto modo, es la misma jurisprudencia la que finalmente termina clasificando estos "actos terroristas" como delitos comunes. También existe clara evidencia de que, muchos de los delitos que han incluido extrema violencia, han sido cometidos por grupos del crimen organizado.
¿Qué piensa usted respecto del tema expuesto?... ¿Se equivoca el poder ejecutivo?... ¿Se equivoca el poder judicial?... ¿La influencia mediática de determinados grupos conservadores, influye fuertemente en los procesos judiciales?...
Invito abiertamente a debatir sobre el tema.
Soy Trufkenpayún, profesor y generador de contenidos en el Wallmapu, en la Füta Willimapu
Pepe Córdova G.
Profesor
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